El delito de sindicalizarse

27/02/08

Las mujeres embarazadas son las víctimas más débiles de las empresas textiles “modernas”.

Miles de trabajadores son despedidos por el solo hecho de reclamar sus derechos elementales: organización sindical, ocho horas de trabajo, sueldo justo, seguridad social, pensiones. Una sola empresa, Icadie SAC despidió de un plumazo 1,200 trabajadores por haber formado sindicato. Ya son más de 3825 textiles lanzados a la calle.

Hace casi un siglo, en 1912, la empresa norteamericana Cerro de Pasco Corporation hacía que sus trabajadores laboraran hasta 36 horas continuas. Para que resistiesen esas jornadas de infierno, les daban hojas de coca. Lo denunció la escritora Dora Mayer en un folleto editado en inglés y español. La situación no ha mejorado desde entonces. En febrero del 2008, en este momento, hay obreros textiles peruanos que trabajan, sin masticar hojas de coca, horarios corridos de hasta 32 horas. El moderno empresario textil del siglo XXI imagina que los obreros peruanos son robots, incluidas las mujeres embarazadas que también están obligadas a cumplir estos horarios.

Para mejorar esta situación, los obreros, amparados en la Constitución, deciden organizarse en un sindicato, pero a los empresarios que sólo piensan en sus utilidades, esto no les agrada y resuelven despedirlos, aunque las leyes vigentes lo prohíban.

Por ejemplo, los trabajadores de Icadie SAC, service de la empresa Diseño y Color S.A., formaron su sindicato en octubre del 2007 y el 30 de noviembre del 2007 fueron despedidos 1,200 de los sindicalizados, quienes ahora engrosan las estadísticas de despedidos por la misma causal (filiación sindical), que en los últimos tres años ha alcanzado la cifra de 3,825.

A los empresarios textiles les desagradan los sindicatos, pero también los permisos por razones de salud y las vacaciones de sus trabajadores. Todos los obreros la pasan mal, pero el caso de las trabajadoras es realmente estremecedor. No se les respeta ni siquiera el derecho vital de reproducción, es decir, no gozan de permisos pre ni pos natal, ni las horas de lactancia, a los que tienen derecho por ley.

La gravidez como delito
El de Ketty Mariana Martínez Soto, obrera textil despedida de Icadie SAC, es un caso emblemático. Con su nena en el brazo, dice que no le permitieron utilizar su hora de lactancia y por ello le dio una severa mastitis (inflamación de los senos por la leche acumulada). Tuvo que resistir 32 horas de trabajo. No sólo eso, sino que, a pesar que EsSalud depositó el cheque del subsidio pos natal a la empresa, ésta jamás se lo entregó. Cuando fue a reclamar, le cerraron las puertas; entonces decidió afiliarse al sindicato y por eso la despidieron. En una empresa textil, estar embarazada es un grave delito. A las mujeres en estado las hostilizan para que renuncien. En la empresa en que trabajó Ketty Mariana, en este instante, hay 8 mujeres embarazadas que están a punto de perder su trabajo.

Seguirá en la lucha
Jackson Tanca (26), recuperador de prendas en la empresa Star Print, también fue despedido. La causa: fomentar el sindicalismo y reclamar por sus derechos y los de sus compañeros. Se opuso a las jornadas de 32 horas de trabajo. Reclamó el pago completo de las horas extras y lo botaron. “Han montado un régimen cuartelario en la fábrica. Para mantener a raya a los trabajadores, los obligan a trabajar largas jornadas, llegando en algunos casos al extremo de decomisar las tarjetas personales para que no puedan salir de la planta industrial, con lo cual mantienen virtualmente en cautiverio al trabajador, para que trabaje forzosamente más de 8 ó 12 horas”, dice y asegura que estará en la lucha.

Esto y más sucede en pleno siglo XXI en empresas peruanas que crecen y crecen y maltratan y maltratan a los obreros. Se paga salarios de 450 soles mensuales (150 dólares) y bajo amenaza constante para que nadie reclame. Este régimen de explotación se aplica en el Grupo Topy Top, Diseño y Color, Ceditex y Copettex, entre otros.

¿Ley de exportación o de salvaje explotación?
Los obreros textiles están sometidos a un régimen laboral retrógrado, que viene sosteniéndose desde 1978, a partir de la dación del Decreto Ley 22342, más conocido como Ley de Exportación No tradicional, que permite aplicar un régimen contractual especial que finalmente coloca y atrapa al trabajador en una situación de absoluta precariedad y desamparo.

La Ley, en su artículo 32, permite que las empresas puedan contratar a trabajadores por periodos muy cortos de 2 ó 3 meses, renovando estos contratos de manera sucesiva, sin ningún tope en el tiempo, que sí se debe fijar en otros sectores. Por ello, tenemos casos de trabajadores que vienen laborando para una misma empresa o para un mismo grupo económico como los Flores (Grupo Topy Top) y los Torres (Grupo Diseño y Color) durante 10, 15 y hasta más de 20 años, pero sin estabilidad laboral ni beneficios.

Este marco jurídico laboral se aplicó en todo sus extremos en tiempos del ex dictador Fujimori, quien pulverizó toda la legislación laboral que aún protegía los derechos esenciales de los trabajadores. Esa legislación no fue derogada durante el gobierno de Toledo y el presidente García, que prometió acabar con la explotación de las services y restablecer la jornada de las ocho horas de trabajo, ahora pide a los trabajadores del sector público que trabajen 16 horas.

Paco Moreno
Redacción


DATO
El mecanismo principal para impedir la organización sindical ha seguido el mismo patrón en casi todas las empresas. Crean nuevas filiales (de tercerización) y trasladan a sus trabajadores antiguos, previa liquidación con montos miserables que no se ajustan a ley. Así han hecho el Grupo de Diseño y Color, (que ha creado nuevas empresas como Icadie, Aquarella, Teco Export, etc.) y el Grupo Topy Top (con Sur Color Star, Star Print, Wimblendon, Topy Top, Express Jeans, Inca Nik, Euro Moda, etc.)

Fuente: La Primera

García Pérez no tiene capacidad para gobernar

En duda capacidad de García Pérez

Parlamentarios opositores pusieron ayer en discusión la capacidad del presidente Alan García para gobernar, teniendo en cuenta su falta de manejo adecuado de los recientes conflictos sociales, contra los que sólo atinó a lanzar medidas represivas.

Los congresistas Daniel Abu­gattás (PNP) y Rosa Venegas (UPP) coincidieron en afirmar que si el Mandatario aprista no puede gobernar el país de manera adecuada, debería dar un paso al costado.

Sostuvieron que el presidente García no ha demostrado solvencia de estadista para ejercer el poder y prácticamente ha justificado la muerte de cuatro campesinos durante el paro ­agrario, al felicitar a los efectivos de la Policía pese a su desproporcionada acción contra los manifestantes.

Daniel Abugattas apuntó que la administración de Alan García se ha ido transformando en una dictadura que busca reprimir todo reclamo con balas. Insistió en que las palabras del Mandatario, justificando las muertes, pueden asumirse como causal de tipo moral para pedirle que deje el cargo y agregó que el Presidente, al parecer, no aprende de las matanzas perpetradas durante su primer gobierno, como las de El Frontón, Accomarca y Cayara. “No puede continuar gobernando un país confrontando peruanos contra peruanos”, acotó. La legisladora Venegas, por su parte, también criticó al presidente García por su actitud insensible ante las muertes de modestos campesinos durante el paro agrario.



Fuente: La Primera

Rafael Rey, por los ricos, contra los pobres

El Rey que sirve (al APRA)


El ministro Rafael Rey, el mismo que aprueba el uso de armas contra los manifestantes, indicó que “percibe” que los peruanos están hartos de las “manifestaciones de violencia”. Lo que no percibe el ex punta de lanza del fujimontesinismo es el descontento general de la población por los continuos desaciertos del régimen aprista, al cual sirve, por ahora. Si gobernara Momón, seguro que también sería su ministro.

Fuente: La Primera
-----------------------------------------------
Gremios de pescadores reitera que Rafael Rey beneficia a industriales y desprotege al pequeño trabajador.

Favorece a los grandes

El ministro de la Producción, Rafael Rey, salió ayer hacer frente a las críticas sobre el Decreto Supremo 001-2008, que permite la pesca industrial dentro de las cinco millas en la zona sur del país, que va desde el puerto Atico hasta la frontera con Chile.

El titular de Producción señaló que la autorización para la pesca industrial de anchoveta fue a pedido de los propios pescadores artesanales de Tacna, Moquegua y algunos de Arequipa.

Agregó que en el sur, cerca de la costa, el zócalo continental cae en forma vertical, razón por la cual la anchoveta se reproduce allí. Agregó que el deseo de los pescadores artesanales es sacarle provecho a nuestra anchoveta y evitar que migre a Chile, donde pueden ser capturados.

No obstante, Benigno Chirinos Sotelo, secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Desplazados Pesqueros del Perú (Conatradep), señaló a La Primera que ha tenido contacto con grupos de pescadores que le han hecho saber que no están de acuerdo con la medida del ministerio.

Agregó que el Decreto Supremo 001-2008 viola la ley de pesca y el reglamento de pesca, ya que dentro de las cinco millas sólo pueden operar, en forma exclusiva e intangible, los pescadores artesanales.

Chirinos Sotelo mencionó que esta norma tiene nombre propio y favorece a un grupo de industriales de la Sociedad Nacional de Pesquería, que gana 1,400 dólares por tonelada de harina de pescado, y cuyos trabajadores ni siquiera tienen derechos básicos, como por ejemplo seguro social o vacaciones, y trabajan por contratos de 20 soles por día.

DATO

Rafael Rey reconoció que en el 2005 se importaron de Chile casi 40 mil toneladas de jurel y caballa, en el 2006 esta cifra disminuyó a 10 mil toneladas. En el 2007 se importó 16 mil toneladas.